Abogado Penalista

El derecho penal federal en Argentina comprende los delitos cuya competencia corresponde a la justicia federal, por afectar intereses nacionales o involucrar materias especificamente delegadas al gobierno federal. Entre los delitos federales se encuentran la evasion tributaria, el lavado de activos, los delitos migratorios, la falsificacion de documentos publicos y los procedimientos de extradicion. Los tribunales federales con asiento en cada jurisdiccion del pais son los encargados de investigar y juzgar estos delitos conforme al Codigo Penal y las leyes penales especiales.

Ante un pedido de extradicion, ya sea activa (solicitada por Argentina a otro pais) o pasiva (solicitada por otro pais a Argentina), es fundamental contar con defensa penal especializada de manera inmediata. En Argentina, los procedimientos de extradicion se rigen por la Ley 24.767 y los tratados bilaterales vigentes. El requerido tiene derecho a oponerse a la extradicion ante el juez federal interviniente, alegando causales como la prescripcion de la accion, la naturaleza politica del delito, el riesgo de persecucion o la doble incriminacion. Tambien es posible impugnar alertas rojas de Interpol y solicitar su revision ante la Comision de Control de Ficheros.

La Ley Penal Tributaria 27.430 tipifica como delitos federales la evasion simple y agravada de tributos nacionales, el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, la apropiacion indebida de tributos retenidos o percibidos, y la insolvencia fiscal fraudulenta. La evasion simple se configura cuando el monto evadido supera los $1.500.000 por tributo y por ejercicio anual, mientras que la evasion agravada requiere montos superiores a $15.000.000 o la participacion de personas interpuestas. Las penas van de 2 a 9 anos de prision, y la AFIP actua como querellante en los procesos penales.

El lavado de activos, tipificado en los articulos 303 y 304 del Codigo Penal argentino, consiste en convertir, transferir, administrar, vender o aplicar bienes provenientes de un delito, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen licito. Las penas van de 3 a 10 anos de prision, agravandose cuando el autor es funcionario publico o el monto supera los $10.000.000. La Unidad de Informacion Financiera (UIF) es el organismo encargado de la prevencion, y Argentina cumple con los estandares del GAFI. Bajo la Ley 27.401, las personas juridicas tambien pueden ser penalmente responsables por estos delitos.

La falsificacion de documentos publicos esta tipificada en los articulos 292 a 298 del Codigo Penal argentino. La falsificacion material de un documento publico (alterar uno verdadero o fabricar uno falso) tiene penas de 1 a 6 anos de prision. La falsedad ideologica (insertar declaraciones falsas en un documento publico) tiene penas de 1 a 6 anos. El uso de documento falso se castiga con la misma pena que la falsificacion. La falsificacion de pasaportes, DNI u otros documentos de identidad constituye un agravante. Cuando estos delitos se vinculan con tramites migratorios o fiscales, la competencia es federal.