Derecho Administrativo
Abogado Administrativo
Defensa ante el Estado, procedimientos administrativos, licitaciones y contrataciones públicas.
Consulta gratuita
Defensa ante el Estado, procedimientos administrativos, licitaciones y contrataciones públicas.
Consulta gratuitaEl derecho administrativo regula la relación entre los particulares y el Estado en todas sus manifestaciones. Como abogados administrativos y estudio especializado en contencioso administrativo, representamos a empresas, individuos y organizaciones ante organismos públicos a nivel federal, provincial y municipal, garantizando el respeto de sus derechos frente a la actuación de la administración pública en todas las jurisdicciones.
Nuestro equipo brinda asesoramiento integral en recursos administrativos (reconsideración, jerárquico, alzada), amparos (por mora, colectivos y ambientales), empleo público (sumarios administrativos, cesantías, reincorporación y fuerzas de seguridad), licitaciones y contrataciones públicas, y defensa ante sanciones y multas de organismos de control. Trabajamos con un enfoque preventivo para anticipar riesgos y diseñar estrategias que protejan los intereses de nuestros clientes.
Asistimos en reclamos por responsabilidad del Estado por daños, expropiación irregular, obtención de habilitaciones comerciales y permisos, y asesoramos a empresas que operan en sectores regulados como telecomunicaciones, energía, transporte, salud y servicios públicos ante sus respectivos entes de control.
Operamos dentro del marco de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos y sus normas complementarias, con experiencia tanto en la vía administrativa como en la instancia judicial contencioso-administrativa en todas las jurisdicciones del país.
Representamos a clientes en todas las instancias del procedimiento administrativo conforme a la Ley 19.549: interposición de recursos de reconsideración, recurso jerárquico y recurso de alzada, agotamiento de la vía administrativa, pedidos de pronto despacho ante el silencio administrativo, y acciones judiciales contencioso-administrativas. Evaluamos la nulidad del acto administrativo, planteamos acciones declarativas de certeza y analizamos los alcances de la cosa juzgada administrativa para diseñar la estrategia de defensa más efectiva.
Asesoramos a empresas en la participación en licitaciones públicas nacionales, provinciales y municipales, desde la preparación de la oferta hasta la ejecución del contrato. Defendemos los derechos de los oferentes ante impugnaciones, prórrogas y rescisiones contractuales.
Defendemos a empresas e individuos frente a procedimientos sancionatorios iniciados por organismos de control (ARCA, BCRA, CNV, entes reguladores). Evaluamos la proporcionalidad de las sanciones y ejercemos todas las vías recursivas disponibles.
Asesoramos a empresas que operan en sectores regulados (telecomunicaciones, energía, transporte, salud, servicios financieros) en el cumplimiento de la normativa sectorial y en la relación con los entes reguladores y de control.
Interponemos acciones de amparo contra actos u omisiones del Estado que vulneran derechos constitucionales. Gestionamos amparos por mora administrativa cuando la administración no se expide en plazo, amparos colectivos en defensa de derechos de incidencia colectiva, amparos ambientales, medidas cautelares contra el Estado (incluyendo medidas cautelares autónomas) y acciones declarativas de inconstitucionalidad frente a normas ilegítimas.
Defendemos los derechos de agentes y empleados públicos en sumarios administrativos, procedimientos de cesantía y exoneración. Asesoramos en materia de estabilidad del empleado público conforme a la Ley 25.164 y el Art. 14 bis de la Constitución, reincorporación tras cesantías ilegítimas, defensa de empleados contratados y régimen disciplinario.
Brindamos defensa legal especializada para personal de la Policía Federal, policías provinciales, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Fuerzas Armadas y Servicio Penitenciario. Impugnamos sanciones disciplinarias, bajas policiales y militares, pases a retiro compulsivo y todo acto administrativo que vulnere los derechos del personal de seguridad.
Iniciamos acciones por responsabilidad del Estado por daños causados por su actividad lícita o ilícita, incluyendo reclamos por falta de servicio, responsabilidad extracontractual del Estado, demandas contra el Estado nacional, provincial o municipal, y casos de expropiación irregular. Gestionamos indemnizaciones por expropiación, servidumbres administrativas y ocupación temporánea de bienes privados.
Gestionamos la obtención de habilitaciones comerciales en CABA y provincia de Buenos Aires, permisos de uso de suelo, cumplimiento del código de edificación y código de planeamiento urbano. Asistimos ante inspecciones municipales, impugnamos clausuras municipales mediante los recursos administrativos correspondientes, y asesoramos en todo trámite de habilitación ante la administración local.
Un abogado administrativo se especializa en la relación jurídica entre los particulares y el Estado. Interviene en procedimientos administrativos, interpone recursos contra actos de la administración pública, asesora en licitaciones y contrataciones con el Estado, defiende ante sanciones impuestas por organismos de control, y representa a clientes en acciones judiciales contencioso-administrativas cuando se agotan las vías administrativas.
Para impugnar un acto administrativo en Argentina se debe interponer un recurso de reconsideración ante el mismo organismo que dictó el acto, dentro de los 10 días hábiles de notificado. Si es rechazado, procede el recurso jerárquico ante el superior. Una vez agotada la vía administrativa, se puede iniciar una acción judicial contencioso-administrativa. Es fundamental respetar los plazos legales, ya que su vencimiento puede generar la pérdida del derecho a reclamar.
Una licitación pública es el procedimiento mediante el cual el Estado selecciona a un proveedor o contratista para la provisión de bienes, obras o servicios. El proceso incluye la publicación de un pliego de bases y condiciones, la presentación de ofertas por parte de los interesados, la evaluación de las propuestas y la adjudicación al oferente que presente la mejor propuesta según los criterios establecidos. Un abogado administrativo puede asesorar en cada etapa para maximizar las posibilidades de éxito.
Sí, toda sanción administrativa puede ser impugnada mediante recursos administrativos y, eventualmente, ante la justicia. El procedimiento varía según el organismo que impuso la multa: ante la ARCA se puede interponer recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación; ante otros entes, se siguen los recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos. Es clave evaluar la proporcionalidad de la sanción y los fundamentos del acto sancionatorio.
Necesita un abogado administrativo cuando debe participar en una licitación pública, cuando recibe una sanción o multa de un organismo estatal, cuando necesita obtener permisos, habilitaciones o licencias del Estado, cuando quiere impugnar una decisión administrativa que afecta sus derechos, o cuando su empresa opera en un sector regulado y debe cumplir con normativa específica ante entes de control.
El amparo por mora administrativa es una acción judicial prevista en el artículo 28 de la Ley 19.549 que permite al particular exigir al Estado que se expida cuando ha dejado vencer los plazos legales sin resolver un trámite o petición. Si la administración pública no responde dentro del plazo fijado, el juez puede ordenar un pronto despacho para que el organismo emita la resolución pendiente. Es una herramienta clave frente al silencio administrativo.
El recurso de alzada es un recurso administrativo que se interpone ante el ministro o secretario competente contra actos definitivos o equiparables dictados por entes descentralizados o autárquicos. Procede cuando se agota la vía interna del organismo y permite que la autoridad superior revise la decisión impugnada. El plazo para interponerlo es de 15 días hábiles desde la notificación del acto. Es una vía alternativa al recurso jerárquico para impugnar decisiones de entidades autárquicas.
El empleado público sometido a un sumario administrativo tiene derecho a ser notificado de la instrucción del sumario, designar un abogado defensor, acceder al expediente, ofrecer prueba, declarar en su defensa, y ser oído antes de cualquier resolución. La estabilidad del empleado público está protegida constitucionalmente, por lo que cualquier cesantía o exoneración debe respetar el debido proceso. Si se dicta una cesantía o exoneración ilegítima, el agente puede solicitar su reincorporación y el pago de salarios caídos.
Para obtener una habilitación comercial en CABA se debe presentar la solicitud ante la Agencia Gubernamental de Control (AGC), acreditando el cumplimiento del Código de Habilitaciones, el Código de Planeamiento Urbano y el Código de Edificación. Los requisitos varían según la actividad comercial, e incluyen planos aprobados, certificado de aptitud ambiental, seguro contra incendio y habilitación de bomberos según el caso. Un abogado administrativo puede gestionar el trámite y resolver objeciones u observaciones.
El silencio administrativo es la falta de respuesta de la administración pública ante una petición o recurso dentro del plazo legal. En Argentina, como regla general, el silencio de la administración se interpreta como denegatoria tácita (silencio negativo) conforme al artículo 10 de la Ley 19.549. Esto permite al particular considerar denegado su pedido y habilita la vía judicial. Para que opere el silencio, el particular debe intimar previamente al organismo mediante un pronto despacho y esperar el plazo legal adicional.
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