En Argentina, el reconocimiento de la condición de refugiado está regulado por la Ley 26.165, la cual protege a las personas que huyen de su país debido a fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opiniones políticas. Aquellos que obtienen este estatus tienen derecho a residir en el país por un período de dos años, renovables según las circunstancias determinadas por la autoridad competente.

El proceso de solicitud de refugio es gestionado por la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), un órgano dependiente del Ministerio del Interior. Las solicitudes pueden realizarse tanto dentro del territorio argentino como en la frontera. Durante el trámite, los solicitantes reciben un documento provisional que les permite permanecer legalmente en el país, trabajar y acceder a servicios básicos como salud y educación.

Una vez concedido el refugio, los beneficiarios pueden acceder a un Documento Nacional de Identidad (DNI) y gozar de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales de cualquier extranjero residente en Argentina. Además, la ley otorga una protección especial, como la prohibición de expulsión o devolución a su país de origen si se encuentran en riesgo de persecución. Los refugiados también pueden obtener un documento de viaje para facilitar su movilidad internacional.